Esta práctica, comúnmente usada para evadir fotomultas, ahora será tratada como un delito penal para combatir su uso en actividades criminales.

La administración distrital, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Pinedo Cuello, ha decidido cambiar el enfoque sobre esta infracción, elevándola de una falta administrativa a una conducta penal. El secretario de Movilidad, Fidel Castro Tapia, explicó que esta práctica “compromete la seguridad ciudadana, vulnera la trazabilidad vehicular y atenta contra el orden público”. En consecuencia, los casos de conductores que supriman, oculten o adulteren sus placas serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación para ser procesados por el delito de falsedad en documento público, el cual, según el Código Penal, puede acarrear penas de hasta nueve años de prisión.

Castro Tapia fue enfático al señalar: “Esto no es una travesura ni una forma válida de evadir controles. Se trata de una conducta grave”. Además de las implicaciones penales, se seguirán aplicando las sanciones administrativas estipuladas en el Código Nacional de Tránsito, que incluyen la inmovilización inmediata del vehículo y multas superiores a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Para hacer cumplir esta nueva directriz, se han fortalecido los operativos de inspección en toda la ciudad, que incluyen verificación visual y electrónica de placas y cruces de información con bases de datos oficiales para la judicialización de los infractores.