El plazo inicial de ejecución, fijado en solo dos meses y tres días, fue considerado “abiertamente insuficiente” para la magnitud del proyecto, lo que derivó en cinco prórrogas que sumaron 525 días adicionales. La obra, que debía entregarse en diciembre de 2015, se retrasó hasta abril de 2019. La Fiscalía argumenta que hubo una planeación deficiente, ausencia de estudios previos idóneos y falta de licencia de construcción, la cual se obtuvo casi dos años después de iniciado el contrato. Además, se señala que los pliegos de condiciones habrían sido “direccionados para beneficiar a un contratista específico”. En el aspecto financiero, el ente acusador identificó un presunto detrimento patrimonial de $690.951.949, producto de sobrecostos y adiciones por $1.340 millones al valor inicial de $2.682 millones, las cuales se habrían realizado sin soportes técnicos ni estudios de mercado. Por disposición judicial, la audiencia preparatoria de juicio contra el exmandatario fue programada para el próximo 3 de diciembre en Bogotá.