La decisión se fundamenta en que esta práctica ha sido utilizada sistemáticamente por la delincuencia para cometer hurtos, extorsiones e incluso homicidios, amparándose en el anonimato que proporcionan las matrículas alteradas. La judicialización de los infractores se realizará bajo el cargo de falsedad en documento público, un delito que contempla penas de hasta nueve años de prisión.

Esta es una escalada significativa frente a las sanciones previas, que se limitaban a un comparendo y la inmovilización del vehículo. Para hacer efectiva la medida, las autoridades han intensificado los operativos conjuntos en corredores viales estratégicos como la Troncal del Caribe, la Avenida del Río y el Centro Histórico, empleando tanto verificación visual como electrónica. La administración distrital subraya que la “trazabilidad vehicular es un componente esencial para garantizar la movilidad segura, el control urbano y la convivencia ciudadana”, buscando con ello no solo sancionar, sino también disuadir una conducta que afecta la seguridad y el orden público en Santa Marta.