Crisis por desabastecimiento de agua se agudiza en Santa Marta por daños en infraestructura y protestas ciudadanas

La provisión de agua potable en Santa Marta enfrenta una situación crítica que afecta tanto a residentes como al sector turístico, exacerbada por daños en la infraestructura y el descontento ciudadano. Las recientes emergencias han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema de acueducto de la ciudad y la creciente tensión social derivada de la falta de soluciones efectivas. La problemática se intensificó tras un daño estructural en el desarenador de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Roble, ocasionado por las fuertes lluvias y la creciente de un río. Según informó la Empresa de Servicios Públicos (Essmar), esta afectación comprometió el suministro en zonas de alta densidad poblacional y turística como Gaira, El Rodadero y el corredor de la Calle 30. La empresa activó protocolos de contingencia para evaluar los daños e iniciar las reparaciones, pero la interrupción del servicio agudizó una emergencia preexistente, con miles de familias y establecimientos hoteleros dependiendo de carrotanques. El descontento ciudadano escaló hasta el punto de generar bloqueos viales, como el ocurrido en la vía que conduce a la Universidad del Magdalena. Residentes de barrios aledaños, denunciando llevar más de un mes sin servicio, cerraron la vía para exigir la presencia del agente interventor de la Essmar y un plan de contingencia claro. Una de las afectadas expresó la frustración de la comunidad: “Llevamos 25 días sin agua, 15 días que cada día de la semana estamos comunicándonos con la Essmar, reportando para tratar de evitar estas situaciones”. Esta acción subraya la desesperación de los habitantes, quienes afirman tener que comprar agua para sus necesidades básicas ante la falta de respuesta de la empresa.

En resumen

La crisis del agua en Santa Marta se debe a una combinación de fallas estructurales en la PTAP El Roble, agravadas por las lluvias, y una prolongada escasez del servicio que ha provocado protestas y bloqueos viales por parte de comunidades que exigen soluciones inmediatas a la Essmar.