La situación evidencia la vulnerabilidad del sistema de acueducto y la creciente tensión social ante la falta de soluciones efectivas a corto plazo. La emergencia se agudizó tras las fuertes lluvias que provocaron un daño estructural en el desarenador de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Roble, comprometiendo el suministro en sectores de alta demanda como Gaira, El Rodadero y la zona de la Calle 30. Ante esta falla, la Empresa de Servicios Públicos (Essmar), que se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2021, activó un protocolo de contingencia para evaluar los daños e iniciar reparaciones. Sin embargo, la falta de servicio ha generado una fuerte reacción de la comunidad. Residentes de los barrios aledaños a la Universidad del Magdalena bloquearon la vía principal, denunciando que llevaban más de un mes sin recibir agua y viéndose obligados a comprarla para sus necesidades básicas. Una de las afectadas declaró: “Llevamos 25 días sin agua, 15 días que cada día de la semana estamos comunicándonos con la Essmar, reportando para tratar de evitar estas situaciones”. Los manifestantes exigieron un plan de contingencia que garantizara el suministro.

En paralelo a la crisis inmediata, el Gobierno Nacional y la Superservicios han impulsado como solución a largo plazo la construcción de una planta desalinizadora para asegurar el abastecimiento futuro de la ciudad.