Balance de Seguridad en Santa Marta: Entre Cifras Oficiales y la Persistencia de la Violencia

La administración distrital de Santa Marta presenta un balance positivo en seguridad, destacando una reducción del 17% en los homicidios y un aumento en las capturas por extorsión. Sin embargo, esta visión contrasta con la persistencia de hechos violentos que generan preocupación en la ciudadanía. Según el Observatorio de Criminalidad del Distrito, entre enero y agosto de 2025 se registraron 115 homicidios, frente a 139 en el mismo periodo de 2024, lo que representa una disminución del 17,27%. Las autoridades atribuyen este logro al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y a una inversión superior a los 10 mil millones de pesos en dotación y equipamiento para la fuerza pública. El alcalde Carlos Pinedo Cuello destacó la consolidación del Gaula de la Policía Metropolitana como un hito de su gestión: “un grupo especializado contra la extorsión y el secuestro, que se constituyó gracias a la gestión del Distrito y al aporte de cerca de 1.000 millones de pesos para su puesta en marcha”. En línea con esto, el Gaula reportó un incremento en las capturas por extorsión, señalando una mayor confianza de los comerciantes para denunciar. No obstante, la situación en la zona rural de Bonda y Minca sigue siendo crítica, con propietarios intimidados por grupos armados. La narrativa oficial de mejora se ve desafiada por la realidad en las calles, como lo evidencia un fin de semana de septiembre que dejó cinco muertos en la ciudad y un informe de agosto que contabilizó 16 homicidios en Santa Marta, dentro de un total de 76 muertes violentas en el Magdalena. Esta dualidad refleja un panorama complejo, donde los avances estratégicos y las inversiones institucionales coexisten con una violencia que aún impacta directamente a la comunidad.

En resumen

A pesar de los esfuerzos del gobierno distrital y la presentación de cifras que muestran una reducción en los homicidios, Santa Marta enfrenta un desafío de seguridad complejo. La persistencia de crímenes violentos y la extorsión, especialmente en zonas rurales, indica que la percepción de inseguridad continúa siendo un problema latente para los ciudadanos.