Iniciativas de Desarrollo y Derechos Humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta

Entidades estatales están implementando acciones clave en la Sierra Nevada de Santa Marta para fortalecer el desarrollo regional y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas. Estas iniciativas abordan desde la construcción de paz, en el marco de los acuerdos nacionales, hasta la superación de barreras históricas de acceso a la identidad y la ciudadanía. Por un lado, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) lidera la revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) en la subregión Sierra Nevada y Serranía del Perijá, con la participación activa de más de 100 representantes de comunidades étnicas y campesinas de municipios como Santa Marta. Este proceso busca que los planes de desarrollo respondan a las necesidades locales y contribuyan al cumplimiento del Acuerdo de Paz, transformando las condiciones de vida en territorios afectados por el conflicto. Belia Bustamante, coordinadora subregional de la ART, destacó que se busca “facilitar la incorporación del enfoque de género antirracista e interseccional”. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha puesto en evidencia una grave problemática de indocumentación en la zona. Una visita a la comunidad indígena Wiwa de Urruamagaga reveló que más de 100 de sus miembros, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, carecen de documentos de identidad, lo que les impide acceder a derechos básicos como la salud y la educación. La misma situación afecta a más de 200 campesinos en el corregimiento de Siberia. Como respuesta, la Defensoría gestionó una jornada especial de documentación con la Registraduría Nacional. Ambas iniciativas, aunque distintas, se complementan al representar un esfuerzo del Estado por saldar una deuda histórica con la Sierra Nevada, promoviendo tanto el desarrollo sostenible y la paz territorial como el derecho fundamental a la identidad.

En resumen

Las acciones del Estado en la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de la ART y la Defensoría del Pueblo, buscan integrar a las comunidades rurales e indígenas en los planes de desarrollo y garantizar su derecho a la identidad, abordando problemas estructurales para promover la equidad y la construcción de paz en la región.