El núcleo del plan consiste en la capacitación especializada de operadores y conductores. El objetivo es dotarlos de herramientas para identificar comportamientos de riesgo, aprender a intervenir de manera adecuada y, fundamentalmente, saber cómo activar las rutas de apoyo institucionales cuando una pasajera solicite ayuda o se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Este enfoque preventivo y reactivo busca transformar al personal del transporte público en un primer anillo de protección para las usuarias. La estrategia no solo se enfoca en la respuesta a incidentes, sino que también pretende generar un efecto disuasorio, enviando un mensaje claro de que el acoso no será tolerado en los vehículos de servicio público de la ciudad. Al capacitar a quienes operan el sistema, se busca construir una red de vigilancia y soporte que funcione de manera continua. Esta medida aborda una problemática social crítica y se alinea con las políticas públicas de equidad de género y prevención de la violencia, reconociendo que la seguridad en el espacio público es un derecho fundamental para las mujeres y una condición indispensable para su plena participación en la vida urbana.