Se critica un “evidente sesgo económico” que deja fuera un análisis integral del desarrollo regional.

Un punto central de la controversia es la socialización del riesgo versus la privatización de las ganancias, como en el caso de la vía al Meta, donde el Estado asume los costos de mitigación en puntos críticos mientras el concesionario mantiene el recaudo de peajes. La crítica también apunta a la queja del gerente de Pacífico 3 sobre la inclusión de aspectos arqueológicos, sociales y ambientales en los proyectos, argumentando que es precisamente su exclusión inicial lo que genera conflictos con las comunidades. Desde una perspectiva regional, se cuestiona la falta de exigencia de balances detallados y transparencia contractual a concesiones como Autopistas del Café, y se llama a corregir el modelo en lugar de simplemente defenderlo.