La reaparición de estructuras ilegales, principalmente el Clan del Golfo —también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, busca consolidar control en corredores estratégicos en municipios como Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría, Quinchía y Guática. Esta expansión se ha manifestado de forma violenta, como lo demuestran los tres asesinatos ocurridos en Mistrató, donde uno de los cuerpos fue hallado con las siglas del EGC pintadas. Además, la aparición de grafitis en fachadas de viviendas con mensajes intimidatorios como ‘sapos’ busca someter a la comunidad y evitar que colabore con las autoridades. La crisis institucional es profunda, como lo denunció el presidente de la Asamblea de Risaralda, Pablo Giordanelli, quien alertó que siete de los catorce alcaldes del departamento han recibido amenazas. Giordanelli criticó la falta de respuesta del Gobierno Nacional y afirmó que “no es normal que en un departamento de 14 municipios tengan amenazados la mitad de los mandatarios locales”. La amenaza se extiende a diputados, algunos de los cuales han tenido que modificar su vida cotidiana por intimidaciones. Ante este panorama, las autoridades civiles y militares han reconocido la gravedad del momento y acordaron endurecer la estrategia de seguridad para enfrentar el avance de estas estructuras criminales y restablecer la capacidad institucional en la región.