Una grave crisis de seguridad afecta a Risaralda, donde la mitad de los alcaldes del departamento han reportado amenazas. La situación se agrava por la confirmada presencia y expansión del Clan del Golfo en varios municipios, lo que ha motivado una respuesta reforzada de la Fuerza Pública. La voz de alarma fue dada por el presidente de la Asamblea de Risaralda, Pablo Giordanelli, quien denunció que "hay 7 alcaldes de 14 de este departamento, amenazados", una situación que calificó de anormal y preocupante. Giordanelli criticó la falta de respuesta del Gobierno Nacional ante los llamados de auxilio, como los del alcalde de Quinchía, quien ha confirmado la presencia del Clan del Golfo en su territorio. La intimidación no se limita a los alcaldes; al menos cuatro diputados también habrían sido víctimas de amenazas.
Esta crisis institucional se enmarca en un contexto de reaparición de estructuras ilegales que buscan consolidar control en corredores estratégicos, afectando principalmente a municipios como Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría, Quinchía y Guática.
Como respuesta a esta escalada, las autoridades han intensificado sus operaciones.
Un reciente operativo conjunto entre el Ejército y la Policía en zona rural de Mistrató logró la captura de dos cabecillas del GAO Clan del Golfo, quienes eran responsables de reclutar jóvenes y ordenar homicidios selectivos en el departamento. Esta acción representa un golpe a la estructura del grupo armado, pero la situación general sigue siendo de alta tensión y requiere una estrategia de seguridad integral y sostenida.
En resumenRisaralda enfrenta un doble desafío de seguridad: por un lado, la protección de sus líderes electos frente a amenazas directas y, por otro, la contención del avance estratégico de grupos armados ilegales. La respuesta estatal combina denuncias políticas con acciones operativas en el terreno.