El proceso es acompañado por una millonaria transferencia económica del Distrito para garantizar su sostenibilidad.

Este operativo de retorno, liderado por la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, busca dar una solución a la situación de vulnerabilidad que enfrentaban cerca de 650 niñas, niños y adolescentes junto a sus familias, quienes permanecían en el parque Nacional y en las Unidades de Protección Integral La Rioja y La Florida. Como un componente clave para facilitar el reasentamiento, la Secretaría de Integración Social anunció la entrega de un subsidio de 1.692 millones de pesos a través del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). El secretario Roberto Angulo explicó que los fondos se entregarán en dos ciclos mediante un convenio con la Secretaría de Hacienda y el Banco Agrario, con el fin de "asegurar unas transferencias" que mitiguen los riesgos de vulnerabilidad durante su estabilización en Risaralda. Durante su estancia en la capital, se brindó atención especial a la niñez, con 340 menores atendidos en jardines infantiles y centros especializados, y 150 servidores públicos dedicados a su cuidado y protección. Sin embargo, el proceso también revela complejidades sociales, ya que se informó que continúan en curso 13 denuncias ante la Fiscalía y 26 procesos en comisarías de familia por violencia intrafamiliar dentro de la comunidad.