Comunidad Emberá de Risaralda inicia retorno a su territorio con un subsidio millonario

Más de 650 indígenas Emberá, incluyendo un gran número de niños, niñas y adolescentes, comenzaron su proceso de retorno desde Bogotá hacia su resguardo en Pueblo Rico, Risaralda, respaldados por una transferencia económica sin precedentes por parte del Distrito Capital. Este retorno pone fin a meses de asentamiento en condiciones precarias en el Parque Nacional y en Unidades de Protección Integral en Bogotá. El proceso, liderado por la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, busca garantizar un regreso en condiciones de seguridad y dignidad. El aspecto más destacado de esta operación es el apoyo económico directo a las familias. Según explicó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, se destinarán 1.692 millones de pesos a través del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en dos ciclos de pago. “A través de la plataforma de Ingreso Mínimo Garantizado y un convenio tripartito [...] vamos a asegurar unas transferencias por concepto de $1.692 millones”, afirmó Angulo.

Este subsidio busca no solo cubrir las necesidades inmediatas del traslado, sino también proporcionar un capital inicial para que las familias puedan estabilizarse en su territorio ancestral en el Resguardo Unificado Chamí.

Durante la transición, se priorizó la protección de los menores, con 150 servidores públicos dedicados a su cuidado y a la realización de actividades pedagógicas.

Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos, ya que persisten denuncias por violencia intrafamiliar que seguirán su curso judicial.

La gran incógnita es si este apoyo económico será suficiente para generar un arraigo sostenible y romper el ciclo de desplazamiento que ha afectado históricamente a esta comunidad.

En resumen

El retorno de la comunidad Emberá a Risaralda se materializa con un importante subsidio económico del Distrito de Bogotá, buscando asegurar una transición digna. El éxito de esta iniciativa dependerá de si los recursos logran fomentar una sostenibilidad a largo plazo y evitar futuros desplazamientos, garantizando la protección de los derechos de la comunidad, especialmente de la niñez.