Aumentan amenazas contra líderes sociales en Risaralda; 'La Cordillera' intimida en el área metropolitana de Pereira

La seguridad de los líderes sociales y comunales en Risaralda se encuentra en grave riesgo debido a las crecientes amenazas de grupos armados como 'La Cordillera' y el 'Clan del Golfo'. En el área metropolitana de Pereira, la principal fuente de intimidación proviene de la banda delincuencial 'La Cordillera', generando un clima de temor y vulnerabilidad entre los dirigentes. El panorama de seguridad en Risaralda, y específicamente en el área metropolitana de Pereira, se ha deteriorado significativamente debido a la disputa por economías ilícitas. Según Jaime Gutiérrez, secretario de la Confederación Nacional de la Acción Comunal, se han registrado 35 denuncias de intimidaciones a líderes en el departamento. Gutiérrez señala directamente a 'La Cordillera' como la responsable de las amenazas en los municipios metropolitanos, mientras que el 'Clan del Golfo' ejerce presión en el occidente del departamento, en localidades como Belén de Umbría, Mistrató, Guática y Quinchía. “Somos ya 35 los lideres sociales amenazados en Risaralda, de ellos 28 han oficializado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el líder comunal. Esta situación se enmarca en una expansión evidente del Clan del Golfo, que con estructuras como la 'Edwin Román Velásquez' y la 'José Miguel Madrid', busca disputar las rentas criminales con el ELN en la región. La neutralización de cabecillas como alias 'Colonia' en Guática, si bien es un golpe a estas estructuras, también confirma su presencia campamentaria y capacidad operativa en el departamento. Para los líderes sociales de Pereira, la amenaza es latente, ya que 'La Cordillera' mantiene un control histórico sobre el microtráfico y otras actividades delictivas en la zona, y ve en el liderazgo comunitario un obstáculo para su accionar.

En resumen

La intimidación sistemática a líderes sociales en Risaralda, particularmente en Pereira por parte de 'La Cordillera', revela un complejo desafío de seguridad impulsado por la expansión de grupos armados. Esta situación exige una acción estatal contundente para proteger a quienes defienden los derechos de sus comunidades.