La Personería de Pereira Lidera la Defensa de Derechos Fundamentales en Vivienda y Saneamiento Básico

La Personería de Pereira ha asumido un rol protagónico en la exigencia de soluciones estructurales para problemáticas críticas que afectan a la ciudadanía, interviniendo en debates sobre el ordenamiento territorial y la calidad del agua en zonas rurales. Estas acciones subrayan la urgencia de una planificación urbana y rural que garantice los derechos fundamentales de los habitantes. La labor de la Personería se ha hecho visible en dos frentes simultáneos que revelan profundas grietas en el desarrollo de la capital risaraldense. Por un lado, a raíz de un incendio que dejó a más de 35 familias sin hogar en el barrio La Divisa, el personero Leonardo Reales ha instado a las autoridades a una revisión integral del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El llamado no busca solo una respuesta asistencial para los damnificados, sino “soluciones definitivas” que aborden las causas de fondo de la vulnerabilidad, como la ocupación de zonas de riesgo y la falta de una política de vivienda digna. Esta emergencia reabrió un debate crucial sobre la planificación urbana y la necesidad de un POT que prevenga futuras tragedias en lugar de reaccionar ante ellas. Por otro lado, el organismo ha dirigido su atención a la periferia rural, convocando una mesa de trabajo con acueductos comunitarios y las secretarías de Salud y Desarrollo Rural. El objetivo es atender la “situación de riesgo en la calidad del agua” que impacta a miles de campesinos. Esta acción pone de manifiesto que las deficiencias en servicios básicos no son exclusivas del casco urbano.

Al conectar la crisis de vivienda en la ciudad con la precariedad del saneamiento en el campo, la Personería dibuja un panorama de inequidad territorial y exige al gobierno municipal una gestión más equitativa y con visión a largo plazo.

En resumen

Las intervenciones de la Personería de Pereira ponen de manifiesto deficiencias críticas en la planificación territorial y la prestación de servicios básicos. La exigencia de revisar el POT y garantizar agua potable en la zona rural refleja un esfuerzo por abordar las causas estructurales de la vulnerabilidad, buscando soluciones sostenibles para la vivienda y la salud pública.