El proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca, una obra de infraestructura clave para la movilidad regional que conectará a Palmira, Cali y Jamundí, enfrenta un momento decisivo. A pesar de los reveses en la financiación por parte del Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle ha reafirmado su compromiso de sacar adelante la iniciativa, buscando activamente modelos de financiación alternativos. La controversia surgió después de que el Gobierno Nacional decidiera no firmar el convenio de cofinanciación ni otorgar el aval técnico definitivo al proyecto, una acción que la gobernadora Dilian Francisca Toro ha señalado como un incumplimiento a las promesas presidenciales. Esta situación ha obligado a la administración departamental a liderar una nueva estrategia para asegurar los recursos necesarios, especialmente para el primer tramo priorizado entre Cali y Jamundí, que se considera fundamental para descongestionar el tráfico en la región. Ante este panorama, la Gobernación está en conversaciones con autoridades locales y gremios empresariales para explorar otras vías de financiación.
Según explicó María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, “la primera alternativa es, por supuesto, que el Gobierno nacional se integre al convenio de cofinanciación regional (...). No obstante, también están sobre la mesa la posibilidad de una APP (Alianza Público-Privada) y el apoyo de la cooperación internacional”. Esta opción de APP se está estructurando con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y contaría con el acompañamiento de entidades como el Banco Mundial y el BID.
El sector privado, a través del Comité Intergremial del Valle, ha manifestado su total respaldo, asegurando que continuarán impulsando la iniciativa.
Se estima que el proyecto generará 14.500 empleos y ofrecerá un sistema de transporte más sostenible y eficiente para los habitantes de Palmira y los demás municipios conectados.
En resumenEl proyecto del Tren de Cercanías, vital para la conexión de Palmira con Cali y Jamundí, avanza gracias al impulso de la Gobernación del Valle y el respaldo del sector privado, a pesar de la negativa del Gobierno Nacional a cofinanciarlo. La principal alternativa que se baraja es la estructuración de una Alianza Público-Privada para asegurar los recursos y materializar una obra que promete mejorar significativamente la movilidad y la economía de la región.
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