La falta de aval fiscal y técnico por parte del Gobierno Nacional amenaza con retrasar su ejecución por al menos dos años, generando incertidumbre en la región. El Tren de Cercanías es considerado una de las apuestas más ambiciosas para la movilidad sostenible del suroccidente colombiano, buscando integrar a Cali con Jamundí, Palmira, Yumbo y Buga. Sin embargo, su futuro pende de un hilo, ya que el plazo para obtener los avales de los ministerios de Hacienda y Transporte vence el 8 de noviembre. De no lograrse la aprobación, la entrada en vigor de la ley de garantías impediría la firma de nuevos contratos, aplazando el proyecto por un mínimo de dos años y arriesgando la vigencia de los estudios y diseños existentes. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha sido enfática en la urgencia de una respuesta, recordando que el aporte de la Nación corresponde al 70% del costo total, unos 8 billones de pesos, tal como lo establece la Ley de Metros.

“No es un tren para Dilian, ni para Dede, ni para Paola. Es un tren para los vallecaucanos”, afirmó la mandataria, subrayando que es un proyecto de región que mejorará la calidad de vida y reducirá los tiempos de desplazamiento. Ante la demora, Toro ha planteado la posibilidad de impulsar una Asociación Público-Privada (APP) para iniciar la construcción del primer tramo mientras se concreta la cofinanciación nacional. La situación ha generado críticas de diversos sectores, que señalan que el proyecto está siendo frenado por disputas políticas entre el gobierno central y las autoridades locales.