Palmira, por tanto, tiene un rol fundamental no solo como futuro beneficiario de la red ferroviaria eléctrica, sino también como cofinanciador. El sistema promete beneficios significativos, como la reducción de hasta 37,000 toneladas de CO₂ al año y la generación de más de 14,000 empleos.
Sin embargo, el proyecto enfrenta una carrera contrarreloj.
Líderes regionales, incluyendo a la gobernadora Dilian Francisca Toro y diversos gremios empresariales, han instado al gobierno del presidente Gustavo Petro a firmar el convenio antes del 8 de noviembre, fecha en que inicia la Ley de Garantías, lo que podría retrasar el proceso hasta 2026.
La gobernadora ha sido enfática en su llamado: “No es un tren para Dilian, ni para Dede, ni para Paola. Es un tren para los vallecaucanos”.
La discusión también ha tenido un matiz político, con críticas al alcalde de Cali, Alejandro Eder, por la radicación tardía del proyecto de vigencias futuras ante el concejo de la ciudad, y señalamientos de falta de planificación.








