El proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca, una iniciativa de infraestructura estratégica que busca conectar a Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo, enfrenta una etapa crítica. La falta de la firma del convenio de cofinanciación por parte del Gobierno Nacional pone en riesgo su avance, generando una fuerte movilización de líderes regionales para asegurar su ejecución. El Tren de Cercanías se presenta como un proyecto transformador para la movilidad en el suroccidente de Colombia, con el objetivo de establecer un sistema de transporte regional limpio y eléctrico. La primera fase conectará Cali con Jamundí a lo largo de 23 kilómetros y 21 estaciones; sin embargo, la visión más amplia incluye explícitamente a Palmira y Yumbo, convirtiéndolo en un proyecto de interés directo para la conectividad y el desarrollo futuro de Palmira. La urgencia de la situación radica en la inminente entrada en vigor de la Ley de Garantías, que impediría la firma de nuevos convenios gubernamentales después del 8 de noviembre. La gobernadora Dilian Francisca Toro ha sido una defensora vehemente, instando al gobierno nacional a comprometer su parte del 70 % de la financiación, como lo exige la Ley de Metros.
“No es un tren para Dilian, ni para Dede, ni para Paola. Es un tren para los vallecaucanos”, afirmó, subrayando la importancia regional del proyecto más allá de las figuras políticas. El proyecto cuenta con todos los estudios y avales técnicos y financieros necesarios, y ha sido clasificado como de importancia estratégica por el Departamento Nacional de Planeación. Gremios regionales, como el CIEV y ProPacífico, se han sumado al llamado, advirtiendo que un retraso podría posponer el proyecto por años, afectando a más de un millón de personas y la generación de más de 14.000 empleos.
En resumenEl Tren de Cercanías es un proyecto vital para la movilidad y competitividad del Valle del Cauca, con Palmira como uno de sus beneficiarios clave. A pesar de contar con todos los avales técnicos, su futuro depende de la voluntad política del Gobierno Nacional para firmar el convenio de cofinanciación antes de la fecha límite impuesta por la Ley de Garantías, una situación que ha generado una fuerte presión por parte de las autoridades y gremios regionales.
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