El municipio de Palmira ha sido incluido en un plan piloto de la Gobernación del Valle del Cauca para instalar lectores de códigos QR en expendios de licor, una medida tecnológica que busca combatir el contrabando y la adulteración. Esta iniciativa pretende garantizar la comercialización de productos legales y asegurar que los impuestos recaudados se destinen a inversión social en el departamento. El programa, liderado por la Unidad de Rentas del Valle, ya ha instalado el 80% de los dispositivos previstos en 20 negocios mayoristas distribuidos en seis municipios, incluyendo Palmira, Cali, Buga y Tuluá. El objetivo es que los consumidores puedan escanear el código QR de las botellas para confirmar en tiempo real si provienen de canales de distribución autorizados. Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas, explicó que los puntos fueron seleccionados por ser expendios mayoristas con alta afluencia de clientes y por tener resultados positivos en visitas previas del Grupo Operativo Anticontrabando. La medida ha sido bien recibida tanto por comerciantes como por consumidores.
Un ciudadano comentó: “Ojalá todas las licoreras tuvieran ese servicio porque me parece muy bueno, va uno a la fija, más que todo ahora que vamos a las festividades decembrinas, sucede que se vende mucho licor adulterado”.
Por su parte, administradores de expendios en Tuluá y Cartago manifestaron su agradecimiento, indicando que la herramienta brinda garantías a los clientes sobre la legalidad de los productos. Desde la Gobernación se enfatizó que esta estrategia no solo protege la salud del consumidor, sino que también asegura el correcto pago de impuestos, cuyos recursos son fundamentales para financiar programas sociales en salud, educación y deporte para el bienestar de la población vallecaucana.
En resumenLa participación de Palmira en el plan piloto de lectores QR es un avance significativo para modernizar la lucha contra el licor ilegal. Al empoderar a consumidores y comerciantes para verificar la legalidad de los productos de forma instantánea, la iniciativa busca proteger la salud pública, reducir la evasión fiscal y garantizar que los ingresos generados por la venta de licor se inviertan en programas sociales para la comunidad.