La violencia contra funcionarios del INPEC en Palmira ha encendido las alarmas, con ataques sicariales que resultaron en la muerte de un dragoneante y dejaron a otro gravemente herido. Estos hechos se enmarcan en una escalada de violencia a nivel nacional contra el personal penitenciario, presuntamente orquestada por cabecillas de bandas criminales para presionar a las autoridades. Los ataques en Palmira ocurrieron el 3 de octubre, cuando dos guardianes del penal local fueron atacados a disparos minutos después de terminar su jornada laboral. En un primer hecho, en el barrio El Trébol, fue asesinado el dragoneante Manuel Antonio Becerra Palma.
Poco después, en otro sector, fue atacado su compañero Oscar Julián González, quien resultó gravemente herido y se encuentra bajo pronóstico reservado.
Fuentes de inteligencia señalan que estos atentados, junto a otros ocurridos en Bogotá y Bello, estarían relacionados con alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’. Aparentemente, este líder criminal estaría ofreciendo entre 3 y 5 millones de pesos a sicarios por asesinar a miembros del INPEC como forma de presión para ser trasladado de una estación de Policía en Bogotá a una cárcel desde donde podría dirigir más fácilmente sus redes delictivas. Como respuesta a los ataques en Palmira, las autoridades confirmaron la captura de ocho personas y la inmovilización de vehículos que presuntamente fueron utilizados en los crímenes. Según la Policía Nacional, uno de los vehículos fue ubicado en un establecimiento, donde se incautó material de guerra que está siendo analizado para determinar si fue usado en el homicidio del dragoneante Becerra.
En resumenLos ataques selectivos contra el personal del INPEC en Palmira evidencian la capacidad de las organizaciones criminales para ejercer presión violenta desde las cárceles. La respuesta de las autoridades, con la captura de ocho presuntos implicados, representa un golpe a la estructura sicarial, aunque la amenaza subyacente de retaliaciones por parte de cabecillas recluidos persiste como un grave desafío para el sistema penitenciario.