Las autoridades vincularon rápidamente los atentados con retaliaciones de organizaciones criminales. Fuentes de inteligencia señalaron a alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’, quien presuntamente ofrecía entre 3 y 5 millones de pesos por asesinar a miembros del INPEC para presionar su traslado de centro de reclusión. La reacción fue inmediata: un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército en los barrios Zañarto y Manuela Beltrán de Palmira resultó en la captura de ocho presuntos implicados tras un enfrentamiento armado. Durante las redadas, se incautó un considerable arsenal que incluía un fusil, pistolas, un revólver, municiones y los vehículos presuntamente utilizados en los crímenes.

La Fiscalía General de la Nación asumió la judicialización de los detenidos, quienes serían parte de una red dedicada a homicidios selectivos en el Valle del Cauca. Como consecuencia directa de esta escalada de violencia, el INPEC ordenó la suspensión temporal de las visitas en las cárceles de Palmira, Cali y Bogotá para salvaguardar la integridad de su personal.