
Consejo de Seguridad en Palmira define nuevas estrategias y desata controversia política
Un consejo de seguridad de alto nivel, liderado por el Ministerio de Defensa en Palmira, estableció un plan de choque y el refuerzo de la fuerza pública para varios municipios del Valle del Cauca, pero el encuentro se vio empañado por una fuerte disputa entre el Gobierno Nacional y el presidente de la Cámara de Representantes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas para contrarrestar la violencia en la región, la cual describió como una "guerra híbrida compuesta por narcotráfico, microtráfico, minería ilegal y contrabando". Entre las acciones se destaca un "plan de choque" para Pradera, Florida y Palmira, enfocado en combatir la minería ilegal y el narcotráfico. Para Buenaventura, se destinará un destacamento del Gaula Militar, Fuerzas Especiales, un nuevo radar y tres buques de la Armada. Adicionalmente, se confirmó el arribo de 500 nuevos policías al departamento a finales de noviembre y se reiteró la recompensa de hasta cuatro mil millones de pesos por información sobre alias "Marlon". Sin embargo, la reunión se tornó polémica cuando el presidente de la Cámara, Julián López, denunció haber sido censurado. Según López, el ministro Sánchez lo "mandó a callar" cuando presentaba cifras sobre el aumento de homicidios en el Valle, argumentando que no era un espacio para "proselitismo". El congresista también acusó al equipo de la gobernadora Dilian Francisca Toro de agredir a su secretaria y obligar a su equipo de comunicaciones a borrar material audiovisual. La Gobernación del Valle, a través de su secretario de Seguridad, Guillermo Londoño, rechazó las acusaciones, calificándolas como carentes de veracidad y acusó al congresista de "instrumentalizar los consejos con fines políticos", además de vulnerar los protocolos al grabar información de carácter reservado.



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