El municipio de Palmira fue el epicentro de un Consejo de Seguridad de alto nivel, donde el Ministerio de Defensa anunció nuevas estrategias para contrarrestar la violencia en la región, incluyendo un plan de choque y el despliegue de fuerzas especiales. La reunión, sin embargo, se vio empañada por una controversia entre el presidente de la Cámara de Representantes y el ministro de Defensa. Durante el encuentro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que en el Valle del Cauca “se vive una guerra híbrida compuesta por narcotráfico, microtráfico, minería ilegal y contrabando”, y anunció la puesta en marcha de un “plan de choque en Pradera, Florida y Palmira”. Estas medidas incluyen el despliegue de fuerzas especiales, el fortalecimiento de la inteligencia y la entrega de nuevos equipos como buques para la Armada y un sistema de geo-rastreo para la Policía. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por un agudo enfrentamiento político.
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, denunció haber sido censurado por el ministro Sánchez cuando intentaba exponer cifras críticas sobre la inseguridad en el departamento, que según él, superan los 13.100 homicidios desde 2020. López afirmó que el ministro lo interrumpió argumentando que “no era un escenario para hacer proselitismo”.
Además, el congresista acusó al equipo de la gobernadora Dilian Francisca Toro de agredir a su secretaria y obligar a su equipo de comunicaciones a borrar material audiovisual. En respuesta, la Gobernación del Valle, a través de su secretario de Seguridad, Guillermo Londoño, desvirtuó las afirmaciones, calificándolas como carentes de veracidad y acusó al congresista de “instrumentalizar los consejos de seguridad con fines políticos”, además de vulnerar los protocolos al grabar sin autorización una reunión con información de máxima reserva.
En resumenEl Consejo de Seguridad en Palmira resultó en el anuncio de significativas medidas militares y policiales para combatir el crimen en la región. No obstante, el evento fue opacado por una disputa pública entre el poder ejecutivo y legislativo sobre el manejo de la información de seguridad y la efectividad de las estrategias actuales.