Este hecho es particularmente alarmante, ya que el líder comunitario había denunciado amenazas en su contra con anterioridad, una situación que incluso lo había forzado a desplazarse por un tiempo para proteger su vida. Su familia ha exigido celeridad en la investigación para que el crimen no quede en la impunidad. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reaccionó al suceso, recordando que la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre estos peligros. Según Leonardo González, director de Indepaz, las alertas tempranas 010 de 2024 y 019 de 2023 señalaban “sobre el grave riesgo que enfrentan líderes sociales y defensores de derechos humanos ante la imposición de normas de control social por parte de grupos armados ilegales”. Este asesinato se enmarca en un contexto de violencia sistemática contra líderes en el Valle del Cauca, recordando otros crímenes como los de Ruhalt Martínez y Yeri Edwin Gaitán en el vecino municipio de Jamundí. La situación evidencia la presencia y el control territorial de estructuras armadas ilegales que ven en los líderes comunales un obstáculo para sus operaciones, convirtiéndolos en objetivos directos y sembrando el miedo en las comunidades que representan.