La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación formal contra el alcalde de Girardota, Kevin René Bernal Morales, y siete concejales del municipio por presuntas irregularidades en la elección de la mesa directiva del Concejo para la vigencia 2026. La pesquisa busca determinar si hubo influencias indebidas, como la entrega de dinero y favores, para asegurar el resultado de la votación. La investigación, a cargo de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valle de Aburrá, se centra en esclarecer si el alcalde Bernal gestionó apoyos para la elección de la mesa directiva a cambio de “dineros y favores”. Además, se indaga una presunta exigencia de dádivas entre los concejales investigados y contratistas de la corporación.
Los cabildantes vinculados al proceso son María Berenice Álzate Mejía, Marisol Henao Bustamante, Julie Bohórquez, Sergio Andrés Orlas, Jaime de Jesús Montoya, Daniel Orozco Córdoba y Sebastián Zapata Arias.
En respuesta, el alcalde Bernal emitió un comunicado en el que afirmó que “nunca existieron los hechos objeto de investigación” y solicitó celeridad a los organismos de control. Coincidentemente, el concejal Daniel Orozco presentó su renuncia irrevocable a su curul, aunque aseguró que su decisión estaba prevista desde antes de que surgiera la investigación y que no tiene relación con la misma.
El Ministerio Público ha solicitado las pruebas necesarias para determinar si las conductas constituyen una falta disciplinaria.
En resumenLa investigación de la Procuraduría sobre presunta corrupción en el Concejo de Girardota pone en tela de juicio la transparencia de los procesos políticos en el municipio. Mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas, el caso genera tensiones políticas y escrutinio público sobre la conducta del alcalde y los concejales implicados.