Inició el juicio penal contra tres exfuncionarios y contratistas de la administración de Daniel Quintero por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 5.250 millones de pesos para el mantenimiento de las zonas verdes de Medellín. Los implicados, la exsecretaria de Infraestructura Física, Natalia Urrego; el exgerente de Metroparques, Jorge Liévano; y la representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, Luz Henao, se declararon inocentes de los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, el contrato fue direccionado para favorecer a la Reforestadora El Líbano, desplazando al Jardín Botánico, entidad que tradicionalmente realizaba estas labores. El fiscal del caso, Hernán Molina, afirmó que demostrará que el interés indebido “se exteriorizó en comportamientos concretos” y que se violaron los principios de transparencia y selección objetiva. Uno de los detalles clave revelados por el ente acusador es que el contrato se habría entregado a la empresa privada meses antes de que esta demostrara tener la capacidad técnica para ejecutarlo. Además, la investigación sugiere que la invitación a competir fue ficticia, ya que se extendió a tres empresas cuyos representantes legales tenían vínculos familiares directos con el empresario Asdrúbal Vélez, esposo de la contratista.
El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre el caso, afirmando: “Se robaron a Medellín.
Que respondan.
Nosotros estamos dedicados a sacar adelante a la ciudad”.
La próxima audiencia, donde se practicarán las pruebas, fue fijada para el 26 de enero de 2026.
En resumenTres exfuncionarios de la era Quintero enfrentan un juicio por presuntamente direccionar un contrato millonario para el mantenimiento de jardines. A pesar de declararse inocentes, la Fiscalía sostiene que tiene pruebas de un interés indebido y una competencia ficticia para favorecer a una empresa privada en detrimento del Jardín Botánico.