No obstante, el proceso por 6 billones de pesos continúa en el mismo tribunal, pero ahora únicamente en contra del diseñador (Integral) y los interventores del proyecto. El abogado especialista David Suárez advirtió que este nuevo escenario genera preocupación, ya que es poco probable que estas empresas “cuenten con un patrimonio y una fuerza económica suficiente en caso de que esa condena sea en contra de ellos”.

La decisión pone en entredicho la solidez de las acciones legales impulsadas por la anterior administración de Medellín.