La decisión se fundamenta en dos pilares: uno financiero y otro filosófico.

Económicamente, el convenio resultaba desfavorable para la ciudad, que solo percibía el 28,3 % de los ingresos por fotodetecciones. Con el cambio, el Conglomerado Público de Medellín recibirá la totalidad de los recursos, que se destinarán a infraestructura vial, transporte público y campañas de seguridad. Filosóficamente, el nuevo modelo se aleja del carácter sancionatorio para priorizar la prevención. “Lo que queremos es salvar vidas, no la plata de la gente”, afirmó el alcalde.

Para ello, se implementarán cambios significativos: se instalará señalización a 200 y 100 metros antes de cada cámara para que no sean “cámaras trampa”, se eliminarán las sanciones por cruces en semáforo en amarillo y por bloqueos de intersecciones causados por congestión. Además, se fortalecerán las campañas de recordatorio para la renovación del SOAT y la Revisión Técnico Mecánica. La operación del sistema será asumida por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), y la infraestructura tecnológica, valorada en más de 31.000 millones de pesos, será transferida al Distrito. Las cámaras también se integrarán al sistema de seguridad ciudadana para contribuir a la lucha contra la criminalidad.