Las procesadas, identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, ofrecían intervenciones como “lipólisis láser con transferencia glútea” a través de redes sociales. Según la investigación de la Fiscalía, las mujeres operaban en quirófanos improvisados, acondicionados en viviendas de barrios como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, sin cumplir con las mínimas condiciones de higiene y salubridad. Se determinó que no contaban con la idoneidad ni la experiencia para realizar este tipo de cirugías.

Como resultado de los procedimientos, al menos 24 de las 48 mujeres intervenidas sufrieron cuadros infecciosos, deformidades permanentes o limitaciones funcionales. Cuando las víctimas acudían a reclamar por las afectaciones, las procesadas no ofrecían respuesta y, al parecer, cambiaban de sede de manera intencional para evadir su responsabilidad. Las capturas se realizaron en Medellín, Rionegro y Cisneros por parte del CTI. A las implicadas se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas, cargos que no fueron aceptados por las acusadas. El caso pone de manifiesto los graves riesgos del mercado negro de procedimientos estéticos en la ciudad.