La solicitud del principio de oportunidad implicaría que el exfuncionario entregue material probatorio, como chats e imágenes, que involucraría a altos funcionarios en el escándalo de presuntos contratos irregulares. Paralelamente, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra siete exfuncionarios de la misma administración por presuntas irregularidades en el proyecto ambiental “Aguas Vivas”. El ente de control investiga posibles sobrecostos y falta de planeación, señalando que los exservidores habrían autorizado pagos y adiciones sin los debidos soportes técnicos, vulnerando los principios de transparencia y responsabilidad administrativa.

Estos desarrollos intensifican el escrutinio sobre la gestión de Quintero, abriendo nuevos frentes legales y políticos.