El gremio de taxistas de Medellín y el Valle de Aburrá levantó el paro que durante dos días afectó la movilidad en la región, tras llegar a acuerdos con las secretarías de movilidad metropolitanas para intensificar los controles contra el transporte informal. La protesta, que se llevó a cabo los días 28 y 29 de octubre, fue convocada para exigir acciones contundentes contra las plataformas digitales de transporte, que según los conductores, representan una competencia desleal y una amenaza para su sustento. Durante la jornada, los taxistas realizaron bloqueos intermitentes y caravanas a baja velocidad, conocidas como “plan tortuga”, en puntos estratégicos como la Avenida Regional, la Autopista Sur, el puente de Guayaquil y la glorieta de Mayorca.
Estas acciones generaron importantes congestiones vehiculares, especialmente durante las horas pico.
Los manifestantes argumentaron que, mientras ellos deben cumplir con una estricta regulación que incluye seguros, revisiones técnico-mecánicas y pago de pólizas, los conductores de aplicaciones operan sin los mismos requisitos, afectando directamente sus ingresos. Entre los compromisos pactados con las autoridades, se acordó compartir con el gremio los reportes de los agentes de tránsito sobre los operativos de control contra vehículos particulares que prestan servicios de transporte informal. Pese al levantamiento de la medida, los voceros del gremio anunciaron que se mantendrán en asamblea permanente hasta el 12 de noviembre para evaluar el cumplimiento de los acuerdos y decidir si retoman o no el paro.
La protesta también registró un incidente de vandalismo, cuando algunos manifestantes fueron grabados cortando un árbol para bloquear una vía, hecho que generó rechazo ciudadano.
En resumenEl paro de taxistas se suspendió temporalmente luego de que las autoridades se comprometieran a reforzar los controles contra la informalidad. Sin embargo, el conflicto de fondo entre el servicio de taxi regulado y las plataformas digitales sigue sin resolverse, dejando abierta la posibilidad de futuras movilizaciones si el gremio considera que los acuerdos no se cumplen.