La decisión disciplinaria afecta a altos cargos de la anterior administración, incluyendo a Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión Territorial, y Fabio Andrés García Trujillo, exsubsecretario de ejecución contractual.

También fueron cobijadas cinco integrantes del Comité de Conciliación del Distrito: Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría, Yina Pedraza Gómez e Ingrid González Montoya.

El Ministerio Público investiga las actuaciones administrativas que rodearon la transferencia y posterior intento de devolución del lote a sus antiguos dueños. Este caso corre en paralelo a una investigación penal de la Fiscalía General de la Nación, que ya imputó al exalcalde Daniel Quintero y a otros nueve exfuncionarios por presuntamente intentar favorecer a los particulares mediante una compraventa irregular que buscaba reconocerles más de 40.500 millones de pesos, después de que el valor del predio fuera presuntamente inflado de 2.700 millones a 48.000 millones de pesos. El caso Aguas Vivas se ha convertido en uno de los escándalos de presunta corrupción más sonados de la pasada administración, y la acción de la Procuraduría añade una nueva dimensión de escrutinio legal sobre las decisiones tomadas respecto a este bien público.