Responsabilizó al Gobierno Nacional, afirmando que el presidente “Petro quiere volver a incendiar a Colombia”. En respuesta, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional iniciar una investigación penal y dispuso la disolución del grupo de gestores de seguridad, a los que calificó como una forma de paramilitarismo, acusando a su vez al alcalde Gutiérrez de ordenar la violencia. La controversia se intensificó con la aparición de un concejal portando un bate de béisbol durante los altercados. A raíz de estos sucesos, la Personería de Medellín abrió una indagación previa para esclarecer la presunta actuación irregular de funcionarios del Distrito, mientras que la Defensoría del Pueblo pidió una investigación disciplinaria y penal contra los gestores, argumentando que “no son fuerza pública ni pueden reprimir protestas”.

Gremios como Fenalco también rechazaron los ataques al comercio.

En medio de la tensión, se convocó a una nueva marcha para el viernes 10 de octubre.