Los menores eran usados para pedir alimentos, pañales y medicamentos, que posteriormente eran revendidos por la organización. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, informó que la red obtenía utilidades superiores a los 180 millones de pesos mensuales. Durante los allanamientos en los barrios Santa Cruz, Boston y El Poblado, se incautaron pacas de pañales, tarros de leche y otros insumos obtenidos a través de donaciones. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, condenó el hecho afirmando: “No vamos a permitir que el dolor y la inocencia de los niños se convierta en un negocio criminal”. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión.