La decisión judicial se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en la compra y modificación del uso del suelo del predio 'Aguas Vivas', un caso que podría tener importantes implicaciones políticas para el ahora precandidato presidencial. El ente acusador imputa a los investigados los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación se centra en el predio 'Aguas Vivas', de 147.000 metros cuadrados, ubicado en una zona ambientalmente protegida cerca de la vía Las Palmas. Según la Fiscalía, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los exfuncionarios habrían intentado favorecer a los particulares cambiando la cesión gratuita del lote a una compraventa, buscando pagar más de 40.500 millones de pesos. Al fracasar este trámite, presuntamente expidieron actos administrativos irregulares para aumentar el avalúo del terreno, que pasó de 2.700 millones a 48.000 millones de pesos, y permitir su desarrollo urbanístico dentro del proyecto 'Valle del Software', contraviniendo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Entre los procesados se encuentran exsecretarios de despacho y subsecretarios de la administración Quintero.

El exmandatario ha rechazado los cargos, calificándolos como una persecución política en medio de su precandidatura presidencial dentro del Pacto Histórico.