La Fiscalía sostiene que, al no lograr una conciliación prejudicial para el pago, el exalcalde expidió actos administrativos para aumentar el valor del terreno y autorizar desarrollos urbanísticos prohibidos en el POT. El predio en cuestión está ubicado en una zona de protección ambiental cerca de la vía Las Palmas.

El llamado a juicio se produce mientras Quintero avanza en su precandidatura presidencial, lo que podría afectar su futuro político.

La defensa del exalcalde ha calificado el proceso como una persecución política.