Por su parte, el gobernador Rendón ha enmarcado el proceso como una persecución política orquestada desde el gobierno nacional. Desde agosto, ha sostenido que la investigación busca sacarlo de su cargo para que el presidente Petro “ponga un gobernador de bolsillo de cara al 26”. Esta narrativa ha sido respaldada por otros sectores del uribismo, que denuncian un supuesto uso de las instituciones judiciales contra opositores.