Atentado terrorista en Loreto genera refuerzo de seguridad en Medellín

Un atentado con explosivos contra una torre de energía en el sector de Loreto ha generado una contundente respuesta de las autoridades de Medellín. El hecho, atribuido a disidencias de las FARC, ha reavivado las alarmas sobre la presencia de grupos armados en la ciudad y ha motivado la implementación de medidas de seguridad extraordinarias. En la noche del 10 de septiembre, varias detonaciones sacudieron el sector de La Asomadera/Loreto, derribando una torre de alta tensión de Empresas Públicas de Medellín (EPM). En el lugar se encontró una bandera alusiva al Frente 36 de las disidencias de las FARC, lo que llevó a las autoridades a atribuirles la autoría del ataque. El alcalde Federico Gutiérrez calificó el suceso como una retaliación por un operativo de la Policía en Campamento, Antioquia, donde fueron abatidos cuatro miembros de dicha estructura, incluidos los cabecillas alias ‘Guillermino’ y ‘Román’. A pesar del colapso de la torre, EPM informó que no hubo interrupciones en el servicio eléctrico. La investigación posterior reveló que se instalaron cinco artefactos explosivos en total, de los cuales dos detonaron. Como respuesta, se convocó un Consejo de Seguridad extraordinario con la participación de la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y la Fuerza Pública. El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, calificó el hecho como “un acto terrorista y cobarde” y advirtió que estos grupos buscan extender su influencia a los centros urbanos. Se anunciaron medidas contundentes, incluyendo el despliegue de 100 hombres de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército y una recompensa de hasta $200 millones de pesos por información sobre los responsables.

El alcalde Gutiérrez fue enfático al declarar: “A todos los terroristas les vamos a seguir poniendo precio.

Caen porque caen”.

El incidente también provocó reacciones de gremios como Fenalco Antioquia, que cuestionó la política de 'paz total' del Gobierno Nacional, argumentando que permite a los grupos armados intensificar sus acciones delictivas.

En resumen

El atentado en Loreto, atribuido a una retaliación del Frente 36 de las disidencias de las FARC, no afectó el servicio eléctrico pero sí provocó una respuesta contundente de las autoridades. Se desplegaron 100 militares, se ofreció una recompensa de $200 millones y se intensificaron los operativos, evidenciando la determinación de la administración para combatir la presencia de grupos armados en la ciudad.