Uno de los casos más trágicos fue el de Gonzalo Rojas Ochoa, de 54 años, quien fue asesinado a puñaladas en el barrio Castilla, presuntamente por robarle. Las autoridades lograron capturar al supuesto responsable, un hombre de 30 años. Otro incidente de gran repercusión fue el ataque contra el abogado y exasesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Luis Fernando Parra Aguilar, de 65 años, quien fue apuñalado cerca del centro administrativo La Alpujarra tras negarse a dar limosna. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, reconoció la gravedad de la situación, informando que la población habitante de calle en la ciudad se ha duplicado, superando las 8.000 personas. Villa señaló que, si bien estas personas tienen derechos amparados por fallos de la Corte Constitucional, las autoridades están implementando controles rigurosos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La escalada de violencia subraya un complejo desafío para la administración, que debe equilibrar la atención social a una población vulnerable con la necesidad de proteger a la ciudadanía de actos violentos.

El problema que genera en Medellín el no dar plata al habitante de calle: Un muerto y un herido