Este proceso incluye asesoría jurídica para la formalización de las denuncias, un paso crucial para combatir la impunidad.

Además, se proporciona apoyo psicológico tanto a las víctimas directas como a sus familias, reconociendo el impacto extendido que estos crímenes tienen en el entorno cercano. En los casos que involucran a menores de edad, se gestionan remisiones a entidades especializadas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila, destacó este enfoque articulado: “Se les brinda asesoría jurídica, psicológica y también albergues de protección. Esto articulado con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Mujeres, el Instituto de Bienestar Familiar cuando son infantes”. El objetivo del programa trasciende la atención de la emergencia, buscando abordar factores sociales relacionados con la salud, la alimentación y la educación de las víctimas para facilitar su recuperación y bienestar a largo plazo. Las autoridades han habilitado canales de comunicación como la línea de WhatsApp 305 401 9269 y el 123 para que cualquier persona pueda reportar un caso o solicitar ayuda.