Los funcionarios procesados son Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez, quienes enfrentan cargos por acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en dos fechas distintas, el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2024. En ambas ocasiones, los dragoneantes habrían ingresado a la celda de la víctima en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), donde la intimidaron, maltrataron física y verbalmente, y la sometieron a abusos sexuales bajo amenazas. La denuncia de la interna señala que, tras las agresiones, fue objeto de intimidaciones para evitar que reportara lo sucedido. La contundencia del caso se vio reforzada por pruebas de ADN que confirmaron que Castaño Sánchez era el padre del bebé que esperaba la víctima. Además, la fiscal del caso reveló durante las audiencias que la mujer manifestó haber recibido una sustancia que le provocó una amenaza de aborto, y que no confiaba en el personal administrativo del penal. Los dos funcionarios fueron capturados en operativos del CTI y la Policía en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia). En las audiencias, ninguno aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Diego Stiven Castaño Sánchez, mientras que Christian Camilo Alvarado Torres continuará vinculado a la investigación.