La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos dragoneantes del INPEC por su presunta responsabilidad en el acceso carnal violento agravado contra una mujer privada de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín. El caso, que resultó en el embarazo de la víctima, ha expuesto graves vulneraciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Según la investigación, los hechos ocurrieron en dos fechas distintas, el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2024. En ambas ocasiones, los funcionarios, identificados como Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez, habrían ingresado a la celda de la víctima en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), donde la intimidaron, maltrataron y sometieron sexualmente bajo amenazas. La mujer denunció que, tras las agresiones, fue objeto de intimidaciones para evitar que reportara lo sucedido. Pruebas de ADN confirmaron posteriormente que uno de los agresores, Castaño Sánchez, fue el responsable del embarazo de la interna. La fiscal del caso también señaló que la víctima manifestó haber recibido una sustancia que le provocó una amenaza de aborto.
Los dos funcionarios fueron capturados por el CTI y la Policía Nacional en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia). La Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, cargos que no fueron aceptados.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Castaño Sánchez, mientras que Alvarado Torres seguirá vinculado al proceso.
En resumenEste grave caso de abuso sexual en la cárcel El Pedregal evidencia una profunda falla en la custodia y protección de las personas privadas de la libertad. La acción de la Fiscalía es un paso crucial hacia la rendición de cuentas y la sanción de actos que atentan contra la dignidad humana en los centros penitenciarios.