Los funcionarios procesados son Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez, quienes enfrentan cargos por acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2024. En esas fechas, los dragoneantes habrían ingresado a la celda de la víctima en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), donde la intimidaron y maltrataron física y verbalmente antes de someterla sexualmente.

Pruebas de ADN confirmaron que Castaño Sánchez fue el responsable del embarazo. La víctima también denunció haber recibido intimidaciones para evitar que reportara los hechos y manifestó que, tras confirmarse su embarazo, le habrían suministrado una sustancia que le provocó una amenaza de aborto.

Los dos funcionarios fueron capturados en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia).

En las audiencias, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Castaño Sánchez, mientras que Alvarado Torres continuará vinculado a la investigación.