Los funcionarios procesados fueron identificados como Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez, a quienes se les imputaron los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión. Según la investigación, los hechos ocurrieron en las madrugadas del 29 de agosto y 5 de septiembre de 2024. Los dragoneantes habrían ingresado a la celda de la víctima en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), donde la intimidaron, maltrataron física y verbalmente, y la sometieron sexualmente bajo amenazas. La interna denunció que, tras las agresiones, fue objeto de intimidaciones para evitar que reportara lo sucedido. Pruebas de ADN confirmaron que, como consecuencia de la agresión, la víctima quedó en estado de embarazo de uno de los funcionarios, Castaño Sánchez. La fiscal del caso relató en audiencia que la víctima manifestó que le suministraron una sustancia que le provocó una amenaza de aborto. Los dos funcionarios fueron capturados en operativos del CTI y la Policía Nacional en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia). Durante la audiencia, ambos rechazaron los cargos.

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Castaño Sánchez, mientras que Alvarado Torres continuará vinculado a la investigación.