Infiltraban a sus miembros en empresas de seguridad privada para que trabajaran como vigilantes en conjuntos residenciales.

Desde esa posición, identificaban a las víctimas y sus rutinas.

Posteriormente, los delincuentes ingresaban a las unidades residenciales en vehículos de alta gama para no levantar sospechas y, aprovechando la ausencia de los propietarios, vulneraban las cerraduras y manipulaban el fluido eléctrico para acceder a las viviendas sin usar la violencia. Los robos se concentraban en barrios como El Poblado en Medellín y en los municipios de Envigado, Sabaneta y Guarne. Este operativo se enmarca en un contexto preocupante de seguridad residencial en la ciudad. Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), hasta agosto de 2025 se habían reportado 845 casos de hurto a viviendas, siendo las comunas 14 (El Poblado), 11 (Laureles-Estadio) y 16 (Belén) las más afectadas. La modalidad más común es el descuido de los residentes, seguida por el rompimiento de cerraduras.