El programa se apoya en un equipo interdisciplinario compuesto por abogadas, psicólogas, auxiliares judiciales e investigadores, que brindan una atención integral a las víctimas.

Este acompañamiento no se limita a la representación legal ante la Fiscalía y las comisarías de familia, sino que también aborda las diversas formas de violencia tipificadas en la Ley 1257 de 2008, como la física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. Según Valeria Molina, secretaria de la dependencia, uno de los logros del programa es la resolución de algunos casos a través de un "principio de oportunidad con enfoque restaurativo", un mecanismo que ha permitido incluir la indemnización económica a las víctimas como parte de la reparación. Este enfoque no solo busca la sanción del agresor, sino también la restauración de los derechos y el bienestar de las mujeres afectadas. La estrategia municipal se presenta como un modelo de intervención institucional que combina el rigor jurídico con la sensibilidad social, ofreciendo a las mujeres una ruta clara y segura para denunciar y buscar justicia, rompiendo así los ciclos de violencia en el ámbito doméstico.