La investigación sugiere que los funcionarios se habrían aprovechado de su posición de autoridad para cometer el delito. Este hecho representa una grave violación a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario y pone de manifiesto la vulnerabilidad de la población carcelaria, especialmente de las mujeres. Según la información disponible, los dos funcionarios del INPEC se valieron de su "posición de autoridad y las condiciones de aislamiento de la reclusa" para perpetrar el abuso. Uno de los reportes incluso señala que el abuso habría resultado en el embarazo de la víctima, lo que agrava aún más la situación. Este caso enciende las alarmas sobre los mecanismos de control y supervisión al interior de las cárceles colombianas. El abuso de poder por parte de quienes tienen el deber de proteger y custodiar a los internos es una de las fallas más graves que puede presentar una institución de este tipo. La captura de los implicados es un paso necesario hacia la justicia, pero también evidencia la necesidad de reformas estructurales y una política de cero tolerancia frente a la corrupción y la violencia sexual en los centros de reclusión. Este tipo de incidentes socava la confianza en las instituciones del Estado y exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para restaurar la integridad del sistema y garantizar la protección de los derechos de todas las personas privadas de la libertad.