El proceso de licitación para las obras del Aeropuerto del Café (Aerocafé), un proyecto de infraestructura trascendental para Caldas, se encuentra en el centro de una fuerte controversia. La adjudicación a un único oferente, el Consorcio Aeropuerto del Café SK, ha desatado serios cuestionamientos sobre la transparencia del proceso debido a los alarmantes antecedentes de las empresas que lo conforman. La licitación, avaluada en más de $634.275 millones, ha sido objeto de denuncias públicas, principalmente por parte del periodista Álvaro William López Ossa. El foco de la polémica recae en las compañías que integran el consorcio: KMA Construcciones S.A.S. y Solarte Nacional de Construcciones (Sonacol). Menzel Amín Avendaño, cabeza de KMA, ha sido vinculado al escándalo de sobornos de Odebrecht, enfrentando un proceso de extinción de dominio reactivado en 2024. Además, KMA fue objeto de una acción popular en Cartagena por el proyecto Corredor Portuario. Por su parte, Luis Fernando Solarte, de Sonacol, fue acusado en 2021 por peculado y contrato sin cumplimiento, y un consorcio del que hacía parte fue sancionado por retrasos en una obra en Bogotá.
La situación ha generado un "silencio sospechoso" entre la dirigencia caldense, incluyendo al gobernador y al alcalde de Manizales.
En defensa del proceso, Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, aseguró que el proponente "cumple a cabalidad" con los requisitos, incluyendo un capítulo de inhabilidades por corrupción o incumplimiento. Merchán destacó que hubo una precalificación donde otros tres consorcios fueron descartados y que el comité evaluador es de "alto nivel", con figuras como el expresidente del Consejo de Estado, Álvaro Namem, para evitar "errores del pasado".
En resumenLa adjudicación del proyecto Aerocafé a un consorcio único con un historial controvertido ha generado una significativa preocupación pública y demandas de mayor transparencia. Mientras los responsables del proyecto defienden la rigurosidad y legalidad del proceso, los antecedentes de las firmas involucradas proyectan una sombra de duda sobre una obra crucial para el futuro de la región, planteando interrogantes sobre la gestión del riesgo y la supervisión de los cuantiosos recursos públicos.