Se argumenta que casi una quinta parte de las concesiones 4G enfrentan procesos de arbitraje o liquidación debido a errores de estructuración, omisión de estudios ambientales y falta de previsión jurídica. Un punto central de la crítica es que el modelo a menudo "privatiza el ingreso pero socializa el riesgo", como en el caso de la vía al Meta, donde el Estado asume los costos de mitigación en puntos críticos mientras el concesionario sigue recaudando peajes. Se cuestiona la queja del gerente de Pacífico 3 sobre tener que incluir aspectos arqueológicos, sociales y ambientales en los proyectos, argumentando que su exclusión es precisamente lo que genera conflictos territoriales y sobrecostos. La crítica concluye que defender el modelo no debe significar blindarlo, sino exigir correcciones estructurales, transparencia y un enfoque integral que evite la fragmentación territorial.